El Ayuntamiento asume la gestión pública de la urbanización de Buenos Aires en Molinos Marfagones
La Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo, ha aprobado este miércoles una serie de nuevas medidas destinadas a impulsar y desbloquear de forma definitiva la urbanización de Buenos Aires, en la localidad de Molinos Marfagones. El Ayuntamiento ha iniciado formalmente el procedimiento administrativo necesario para que la gestión de este sector deje de depender de la iniciativa privada y pase a ser de gestión pública, ante la falta de actuaciones sobre unos terrenos que actualmente se encuentran retenidos por la Sareb.
Los antecedentes de este sector residencial se remontan al año 2008, fecha en la que fue aprobado el plan parcial con el objetivo prioritario de promover la construcción de vivienda protegida. Sin embargo, la compañía promotora que lideraba la actuación únicamente pudo ejecutar una fracción de la urbanización prevista y dos edificios antes de caer en quiebra económica. Tras ese cese de actividad, la gran mayoría de las parcelas del ámbito pasaron a ser propiedad de la Sareb, lo que provocó que los trabajos de urbanización, que tendrían que haber finalizado completamente en el año 2016, permanezcan paralizados desde entonces.
La situación urbanística comenzó a movilizarse a nivel institucional en enero de 2025, cuando el Pleno municipal dio luz verde por unanimidad a una moción para relanzar el proyecto. Posteriormente, en marzo de ese mismo año, el Ayuntamiento trasladó un requerimiento formal a los propietarios para que asumieran la ejecución de las obras de urbanización en un plazo estipulado de quince días. Al no obtener ninguna respuesta tras cumplirse dicho término, la administración local ha tomado la determinación de asumir de oficio la iniciativa pública.
El acuerdo refrendado por la Junta de Gobierno Local será sometido a un periodo de información pública durante veinte días. A lo largo de esta fase, la Sareb y los demás titulares de los terrenos contarán con un margen de quince días para registrar las alegaciones que estimen convenientes. La meta perseguida con esta actuación administrativa consiste en desbloquear una bolsa de suelo clave para ampliar la oferta de vivienda protegida en el municipio.