El Gobierno central exige a Saprelorca 2,3 millones antes de fin de año y rechaza ampliar el polígono
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha expresado su profunda indignación ante la resolución del Gobierno de España de denegar la capitalización de un préstamo participativo a Saprelorca por importe de 2.368.209,07 euros, reclamando además su reintegro total en un único pago antes del 31 de diciembre de 2026. La medida, trasladada mediante videoconferencia por dos técnicos a través de un certificado durante el último consejo de administración de la sociedad, ha sido calificada por el regidor lorquino como un grave perjuicio económico y un ataque directo contra el progreso industrial del municipio.
Durante el mismo encuentro, el Ejecutivo estatal, que participa en la mercantil con un 35,47 % a través de Casa 47 —antigua SEPES—, rechazó asimismo la adjudicación de 241.231 metros cuadrados dirigidos al ensanche de la zona industrial. A pesar de este voto en contra, la cesión de parcelas a las compañías Ángel Linares Montalbán, S.A. y Enjoy Natural Food, S.L. logró salir adelante gracias al voto favorable de los restantes miembros del consejo, un respaldo que incluye al Ayuntamiento de Lorca, el Gobierno de la Región de Murcia, Ceclor y la Cámara de Comercio.
Fulgencio Gil ha reprochado con dureza la postura de la administración estatal y se ha preguntado «¿qué le pasa al Gobierno de Pedro Sánchez con Lorca?», denunciando lo que considera directrices políticas lesivas para la localidad. En su intervención, el primer edil recordó otros agravios pendientes por parte del Estado, señalando el incumplimiento de las 900 viviendas prometidas de las que «no construye ni una sola», la subasta de 700.000 metros cuadrados de suelo público en Carraclaca y la puesta a la venta de dos solares públicos situados en Apolonia.
Esta reclamación económica afecta a un crédito contraído en 2009 y renegociado en 2019 con una entidad que acumula más de cuatro décadas de trayectoria en la comarca. Saprelorca dispone en la actualidad de 350 parcelas industriales y una superficie urbanizada que supera los 1,8 millones de metros cuadrados, a los que se suma la gestión municipal de otras 77 hectáreas para nuevo suelo. Para Gil, exigir el abono íntegro e inmediato de casi 2,4 millones de euros a final de año resulta una maniobra «injustificada y extraordinariamente dañina» que pone en peligro la estabilidad corporativa justo en una etapa de atracción de inversiones y generación de empleo.
El regidor ha lamentado asimismo la falta de presencia física de representantes gubernamentales en un asunto de semejante calado institucional, insistiendo en que el entramado productivo local precisa de respaldo y lealtad entre administraciones. Desde el consistorio han recalcado que no tolerarán obstáculos que frenen la consolidación de Lorca como polo logístico e industrial en el sureste español.